Diario Las Americas
Publicado el 12-04-2008
Depuración étnica en el Caribe
Por Sonia Pierre
SANTO DOMINGO – Yo soy una ciudadana nacida en República Dominicana. Crecí, fui a la escuela, formé una familia y crié a mis hijos en tierra dominicana. Este es el único lugar al que alguna vez llamé hogar. Sin embargo, después de más de 45 años en este país, se está cuestionando mi nacionalidad -junto con la de miles de otros dominicanos.
Al igual que muchos dominicanos, tengo ancestros haitianos. Mi familia llegó a República Dominicana desde el vecino país de Haití en busca de trabajo. Su viaje no fue atípico, tampoco desalentado. Cientos de miles de haitianos llegaron a trabajar a este país con el permiso expreso del gobierno dominicano.
Pero los dominicanos como yo siempre hemos pagado un precio por nuestros ancestros. Durante más de un siglo, el gobierno promovió una política de discriminación racial patrocinada por el estado. Hemos sido utilizados como chivos expiatorios para desviar la atención de los problemas económicos y políticos del país.
Aún así, una lección que aprendí mientras crecía fue que toda persona nacida en República Dominicana es un ciudadano dominicano. Esto era algo que nadie cuestionaba. Esto era algo de lo que nadie dudaba. La constitución de República Dominicana dice explícitamente que cualquiera que nace en el territorio del país, excepto los hijos de padres que son diplomáticos o extranjeros “en tránsito” – algo que, durante décadas, quiso decir por menos de 10 días en el país- es un ciudadano dominicano.
Por ende, nunca me preocupó que alguna vez se pusiera en duda mi condición de ciudadana. Estaba equivocada.
Hace dos años, el gobierno de mi país intentó despojarme de mi nacionalidad, y hoy intenta hacer lo mismo con otros miles de dominicanos de ascendencia haitiana. El gobierno lanzó este esfuerzo con una reinterpretación curiosa de la constitución. Ahora considera que los individuos de ascendencia haitiana nacidos en República Dominicana no tienen derecho a la nacionalidad dominicana, porque sus padres o abuelos, muchos de ellos residentes durante años, si no décadas, supuestamente estaban “en tránsito”.
El gobierno ordenó a las autoridades de los registros civiles que dejaran de emitir cualquier documento de identidad para las personas que nacieron de “padres extranjeros” y recibieron certificados de nacimiento dominicanos bajo lo que el gobierno ahora llama “circunstancias irregulares”. Es más, los documentos de identidad que el estado dominicano ya emitió están siendo declarados inválidos con retroactividad.
Sólo se está señalando a los dominicanos de ascendencia haitiana. La discriminación por parte del gobierno de mi país contra mi grupo racial y étnico es tan evidente que algunas oficinas de registro civil distribuyeron listas de “nombres haitianos resonantes” de manera que el personal pueda reconocerlos. Hay quienes incluso fueron señalados sólo por su apariencia. La crudeza de la campaña del gobierno sería casi cómica si no estuviera condenando a tantos dominicanos de ascendencia haitiana a la incertidumbre de la falta de nacionalidad.
Por cierto, las implicancias de perder la propia ciudadanía son enormes. Sin documentos de identidad, la gente no tiene acceso a las escuelas, se le niega atención sanitaria, se le impide casarse y no se le otorgan documentos oficiales como certificados de nacimiento y licencias para conducir.
Peor aún, el gobierno está considerando una enmienda constitucional que despojaría a miles de dominicanos de ascendencia haitiana de los derechos de ciudadanía de manera permanente. La situación ahora es incluso más peligrosa que antes.
Durante 30 años, trabajé para garantizar la igualdad en materia de derechos humanos y civiles para los dominicanos de ascendencia haitiana. Me topé con muchas dificultades personales y profesionales. Las autoridades estatales me difamaron. Informantes intentaron infiltrarse en mi organización y socavar mi trabajo. Recibí amenazas de muerte en más de una ocasión y mis hijos y yo tuvimos que huir de nuestra tierra natal.
Sin embargo, a pesar de todo lo que tuve que soportar, nunca perdí las esperanzas de que el cambio fuera posible.
Tal vez la campaña contra los dominicanos de ascendencia haitiana cese cuando el sistema judicial dominicano reconozca que el rechazo retroactivo de la ciudadanía viola la ley fundamental de derechos humanos. Quizá cese cuando la comunidad internacional se pronuncie abiertamente en contra de las políticas discriminatorias de República Dominicana. Pero algo es seguro: no cesará hasta que todos los dominicanos que valoran la democracia y el régimen de derecho se paren junto a sus compatriotas y declaren que el tiempo del trato desigual terminó.
Sonia Pierre, directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, fue criada en un campo de trabajadores migrantes y arrestada a los 13 años por liderar una marcha en demanda de derechos para los trabajadores de la industria de la caña de azúcar. Recibió el Premio de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en 2007.
Copyright: Project Syndicate, 2008. www.project-syndicate.org Traducción de Claudia Martínez
sábado, 27 de diciembre de 2008
viernes, 7 de noviembre de 2008
Gobierno excluye a haitianos
POR SHIRA ABREU
El Nacional
La presidenta del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (Mudha) aseguró esta mañana que con la propuesta de modificación constitucional del presidente Leonel Fernández, el Estado dominicano confirma una actitud de “exclusión marcada” contra los haitianos.
Sonia Pierre calificó como “genocidio” que se pretenda despojar de la nacionalidad a miles de personas que nacieron e hicieron toda su vida en este país.
Aseguró que la propuesta del presidente Fernández pretende legalizar la retroactividad a través del condicionamiento jus solis.
En el lanzamiento de la décimo sexta campaña por el “Respeto al derecho a un nombre y a la nacionalidad dominicana de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”, celebrado esta mañana en el hotel Lina, dijo que si se aprueba la reforma constitucional como está planteada se estaría retrocediendo en materia de derechos humanos, constitucional, y la garantía a los ciudadanos.
“Se piensa excluir a miles de personas que ya disfrutan de la nacionalidad y la ciudadanía dominicana. ¿Cómo se puede explicar que se deje sin nacionalidad a personas que ya hicieron toda su vida, que tienen una carrera y que después te digan que no, que ese nombre no te pertenece, que esa ciudadanía no te pertenece, que ese documento que tienes no te pertenece? Es como si te mataran. Eso es un genocidio”, puntualizó.
Mudha lanzó su campaña junto al comité Pro-Niñez Domínico Haitiano de Puerto Rico, y la Red de Encuentro Domínico Haitiano Jacques Viau (Redhjv), con motivo de celebrarse hoy el 164 aniversario de la primera Constitución dominicana.
La campaña tiene como lema “Los derechos smos todos y todas, no a la exclusión”, y exige que la Junta Central Electoral (JCE) cese la política de aplicación de medidas administrativas tendentes a la desnacionalización retroactiva de cientos de miles de personas de ascendencia haitiana.
“Además denunciamos que la JCE ha impartido instrucciones al margen de la ley, de carácter administrativo, a los oficiales del Estado Civil y a las Juntas Electorales Municipales, a los fines de no expedir duplicados de actas de nacimiento y de no cedular a personas de ascendencia haitiana, a través de la resolución 012 y su instructivo de aplicación”, detalla una nota informativa que leyó Pierre.
El Nacional
La presidenta del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (Mudha) aseguró esta mañana que con la propuesta de modificación constitucional del presidente Leonel Fernández, el Estado dominicano confirma una actitud de “exclusión marcada” contra los haitianos.
Sonia Pierre calificó como “genocidio” que se pretenda despojar de la nacionalidad a miles de personas que nacieron e hicieron toda su vida en este país.
Aseguró que la propuesta del presidente Fernández pretende legalizar la retroactividad a través del condicionamiento jus solis.
En el lanzamiento de la décimo sexta campaña por el “Respeto al derecho a un nombre y a la nacionalidad dominicana de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”, celebrado esta mañana en el hotel Lina, dijo que si se aprueba la reforma constitucional como está planteada se estaría retrocediendo en materia de derechos humanos, constitucional, y la garantía a los ciudadanos.
“Se piensa excluir a miles de personas que ya disfrutan de la nacionalidad y la ciudadanía dominicana. ¿Cómo se puede explicar que se deje sin nacionalidad a personas que ya hicieron toda su vida, que tienen una carrera y que después te digan que no, que ese nombre no te pertenece, que esa ciudadanía no te pertenece, que ese documento que tienes no te pertenece? Es como si te mataran. Eso es un genocidio”, puntualizó.
Mudha lanzó su campaña junto al comité Pro-Niñez Domínico Haitiano de Puerto Rico, y la Red de Encuentro Domínico Haitiano Jacques Viau (Redhjv), con motivo de celebrarse hoy el 164 aniversario de la primera Constitución dominicana.
La campaña tiene como lema “Los derechos smos todos y todas, no a la exclusión”, y exige que la Junta Central Electoral (JCE) cese la política de aplicación de medidas administrativas tendentes a la desnacionalización retroactiva de cientos de miles de personas de ascendencia haitiana.
“Además denunciamos que la JCE ha impartido instrucciones al margen de la ley, de carácter administrativo, a los oficiales del Estado Civil y a las Juntas Electorales Municipales, a los fines de no expedir duplicados de actas de nacimiento y de no cedular a personas de ascendencia haitiana, a través de la resolución 012 y su instructivo de aplicación”, detalla una nota informativa que leyó Pierre.
Organizaciones Exigen Respecto a la Constitucion de Dominicana
Lanzamiento Campaña por el Derecho a un Nombre y a Una Nacionalidad 2008
espacinsular
SANTO DOMINGO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2008.- El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), el comité Pro- Niñez Dominico Haitiano de Puerto Rico, y la Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDHJV) en ocasión de que hoy se celebra el 164 aniversario de la primera Constitución Dominicana hacemos de público conocimiento el lanzamiento de la Décima Sexta Campaña por el “Respeto al derecho a un Nombre y a la Nacionalidad Dominicana de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”.
La actual campaña tiene como lema , con la cual invocamos el derecho fundamental que tienen los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana al disfrute y el respeto de sus derechos humanos.
En esta ocasión la campaña tiene como objetivos concientizar e informar sobre esta situación, así como el de demandar y exigir los siguientes puntos:
1) Demandamos el cese de las pretensiones de Exclusión a los dominicanos \ as de ascendencia haitiana través del condicionamiento del jus Solís en la propuesta de reforma a nuestra Carta Magna.
2) Demandamos del Estado el cesé de la política que ha adoptado a través la Junta Central Electoral con la aplicación de medidas administrativas tendentes a la desnacionalización de cientos de miles de personas de manera retroactiva.
3) Demandamos de los honorables miembros de la Junta Central Electoral el cese inmediato de las acciones inconstitucionales que se adoptan en contra de personas de ascendencia haitiana que nacieron, crecieron, han vivido y vivirán para siempre en este país.
De igual forma exigimos los siguientes puntos:
1) Exigimos del Estado Dominicano a través de sus instituciones, garantías al respeto de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, sobre todo en lo concerniente al derecho a un nombre y a la nacionalidad dominicana.
2) Exigimos a las máximas autoridades del país y de manera específica a la Junta Central Electoral que garanticen y respeten nuestros derechos constitucionales al igual que a otros dominicanos/as descendientes de extranjeros o de ascendencia y origen.
3) Exigimos de las autoridades nacionales la aplicación inmediata y sin dilación de la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Caso Jean y Bosico, de fecha 8 de octubre del año 2005, que favoreció el respeto al nombre y la nacionalidad dominicana de los dominicanos \ as de ascendencia haitiana, esta decisión forma parte del bloque de constitucionalidad, reconocido por nuestra Suprema Corte de Justicia en la Resolución 1920-2003.
Es también oportuno además, denunciar ante la comunidad nacional e internacional que hay sectores de la sociedad dominicana que aprovechando el proceso de reforma constitucional, han impulsado una propuesta que dejar a las personas dominicanas de ascendencia extranjera excluidas y sin amparo legal alguno, e impedir que estos ciudadanos y ciudadanas gocen de pleno derecho a la Nacionalidad y ciudadanía que le otorga la Carta Magna de la Nación, puntualmente el artículo 11 de dicha carta, donde se pretende legalizar la retroactividad a través de dicha reforma legitimando así, la exclusión de los/as hijos/as de inmigrantes nacidos/as en la República Dominicana, en especial a los hijos/as de inmigrantes haitianos/as. Esta situación deja sin derechos a miles de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, acción que consideramos altamente discriminatoria y excluyente.
Cabe resaltar que la JCE continúa con la práctica ilegal de impedir la inscripción de personas nacidas en el país de padres haitianos en los registros del Estado civil. Además denunciamos que la JCE ha impartido instrucciones al margen de la ley, de carácter administrativa, a los Oficiales del Estado Civil y a las Juntas Electorales Municipales a los fines de no expedir duplicados de actas de nacimiento y de no cedular a personas de ascendencia haitiana. A través de la resolución 012 y su instructivo de aplicación.
Esta situación impide que niños, niñas y adolescentes y personas adultas de ascendencia haitiana se inscriban en las escuelas e ingresen a las universidades, soliciten pasaportes, contraigan matrimonio, puedan desarrollarse socialmente.
Consideramos que constituye un abuso de poder de parte de la JCE, proceder de manera administrativa a la anulación de actas de nacimiento que fueron emitidas cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, sin que esta anulación sea examinada por un tribunal competente e imparcial, de igual manera se incautan actas de nacimiento al rechazar solicitudes de cedulación de personas con ascendencia haitiana.
Con estas acciones el Estado Dominicano a través de Junta Central Electoral (JCE) permite que a niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos, nacidos en República Dominicana de ascendencia haitiana se les niegue derechos establecidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Estos hechos indican, además que en la República Dominicana, no existen garantías constitucionales, ni seguridad jurídica para esta población y por tanto no podemos hablar de un verdadero estado democrático de derecho, sobre todo cuando las autoridades llamadas a respetar la ley y hacerla cumplir en favor de los ciudadanos, se han volcado en contra de este segmento de la población, cuyo único delito es haber nacido de padres haitianos.
Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA)
Comité Pro- Niñez Dominico Haitiano de Puerto Rico
Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDHJV)
espacinsular
SANTO DOMINGO. 6 DE NOVIEMBRE DE 2008.- El Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), el comité Pro- Niñez Dominico Haitiano de Puerto Rico, y la Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDHJV) en ocasión de que hoy se celebra el 164 aniversario de la primera Constitución Dominicana hacemos de público conocimiento el lanzamiento de la Décima Sexta Campaña por el “Respeto al derecho a un Nombre y a la Nacionalidad Dominicana de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”.
La actual campaña tiene como lema , con la cual invocamos el derecho fundamental que tienen los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana al disfrute y el respeto de sus derechos humanos.
En esta ocasión la campaña tiene como objetivos concientizar e informar sobre esta situación, así como el de demandar y exigir los siguientes puntos:
1) Demandamos el cese de las pretensiones de Exclusión a los dominicanos \ as de ascendencia haitiana través del condicionamiento del jus Solís en la propuesta de reforma a nuestra Carta Magna.
2) Demandamos del Estado el cesé de la política que ha adoptado a través la Junta Central Electoral con la aplicación de medidas administrativas tendentes a la desnacionalización de cientos de miles de personas de manera retroactiva.
3) Demandamos de los honorables miembros de la Junta Central Electoral el cese inmediato de las acciones inconstitucionales que se adoptan en contra de personas de ascendencia haitiana que nacieron, crecieron, han vivido y vivirán para siempre en este país.
De igual forma exigimos los siguientes puntos:
1) Exigimos del Estado Dominicano a través de sus instituciones, garantías al respeto de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, sobre todo en lo concerniente al derecho a un nombre y a la nacionalidad dominicana.
2) Exigimos a las máximas autoridades del país y de manera específica a la Junta Central Electoral que garanticen y respeten nuestros derechos constitucionales al igual que a otros dominicanos/as descendientes de extranjeros o de ascendencia y origen.
3) Exigimos de las autoridades nacionales la aplicación inmediata y sin dilación de la Sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Caso Jean y Bosico, de fecha 8 de octubre del año 2005, que favoreció el respeto al nombre y la nacionalidad dominicana de los dominicanos \ as de ascendencia haitiana, esta decisión forma parte del bloque de constitucionalidad, reconocido por nuestra Suprema Corte de Justicia en la Resolución 1920-2003.
Es también oportuno además, denunciar ante la comunidad nacional e internacional que hay sectores de la sociedad dominicana que aprovechando el proceso de reforma constitucional, han impulsado una propuesta que dejar a las personas dominicanas de ascendencia extranjera excluidas y sin amparo legal alguno, e impedir que estos ciudadanos y ciudadanas gocen de pleno derecho a la Nacionalidad y ciudadanía que le otorga la Carta Magna de la Nación, puntualmente el artículo 11 de dicha carta, donde se pretende legalizar la retroactividad a través de dicha reforma legitimando así, la exclusión de los/as hijos/as de inmigrantes nacidos/as en la República Dominicana, en especial a los hijos/as de inmigrantes haitianos/as. Esta situación deja sin derechos a miles de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, acción que consideramos altamente discriminatoria y excluyente.
Cabe resaltar que la JCE continúa con la práctica ilegal de impedir la inscripción de personas nacidas en el país de padres haitianos en los registros del Estado civil. Además denunciamos que la JCE ha impartido instrucciones al margen de la ley, de carácter administrativa, a los Oficiales del Estado Civil y a las Juntas Electorales Municipales a los fines de no expedir duplicados de actas de nacimiento y de no cedular a personas de ascendencia haitiana. A través de la resolución 012 y su instructivo de aplicación.
Esta situación impide que niños, niñas y adolescentes y personas adultas de ascendencia haitiana se inscriban en las escuelas e ingresen a las universidades, soliciten pasaportes, contraigan matrimonio, puedan desarrollarse socialmente.
Consideramos que constituye un abuso de poder de parte de la JCE, proceder de manera administrativa a la anulación de actas de nacimiento que fueron emitidas cumpliendo los requisitos establecidos en la ley, sin que esta anulación sea examinada por un tribunal competente e imparcial, de igual manera se incautan actas de nacimiento al rechazar solicitudes de cedulación de personas con ascendencia haitiana.
Con estas acciones el Estado Dominicano a través de Junta Central Electoral (JCE) permite que a niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos, nacidos en República Dominicana de ascendencia haitiana se les niegue derechos establecidos en el ordenamiento jurídico nacional e internacional.
Estos hechos indican, además que en la República Dominicana, no existen garantías constitucionales, ni seguridad jurídica para esta población y por tanto no podemos hablar de un verdadero estado democrático de derecho, sobre todo cuando las autoridades llamadas a respetar la ley y hacerla cumplir en favor de los ciudadanos, se han volcado en contra de este segmento de la población, cuyo único delito es haber nacido de padres haitianos.
Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA)
Comité Pro- Niñez Dominico Haitiano de Puerto Rico
Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau (REDHJV)
sábado, 1 de marzo de 2008
Comite de la ONU debate acusacion en contra de RD
Sábado 1 de Marzo del 2008,
INTOLERANCIA
Belkis Féliz
INFORME DICE PERSISTE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y XENOFOBIA CONTRA HAITIANOS
Según el informe en el país persisten formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia.
SANTO DOMINGO.- La 72 reunión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas conocía ayer las acusaciones contra República Dominicana que levantaron los relatores especiales Doudou Diene, africano, y Gay McDougal, estadounidense, pero todavía en la noche continuaban las discusiones.
El Comité inició sus sesiones el pasado 18 de febrero y concluirá el próximo 7 de marzo.
Representan al país en las sesiones el diputado Pelegrín Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), y los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Leyda Margarita Piña y Jhon Guiliany Valenzuela.
La acusación se basa en un informe que fue preparado por los relatores especiales Doudou Diene, africano, y Gay McDougal, estadounidense. Ambos visitaron la República Dominicana, invitados por el gobierno dominicano, entre los días 23 al 29 de octubre de 2007 y entrevistaron a haitianos en los bateyes, la region fronteriza, autoridades en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís.
De acuerdo con el informe, en República Dominicana persisten formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia, practicadas principalmente por el gobierno, la Iglesia Católica, la JCE, los partidos políticos y la judicatura, en contra de los haitianos ilegales, dominicanos negros y los dominicanos de ascendencia haitiana.
El informe
Las acusaciones alcanzan a las secretarías de Educación, Salud y Trabajo, los medios de comunicación, la Dirección de Migración y el Consejo Nacional para la Ninez (CONANI).
Agrega el informe que a los haitianos se les niegan empleos dignos, la nacionalidad, y no pueden acceder a documentos de identidad y electoral, tampoco pueden estudiar y son perseguidos por el color de su piel.
Afirma el informe que República Dominicana al propiciar esas prácticas incumple tratados internacionales de los cuales es signatario como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convencion Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
El informe titulado “Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales”, elaborado por Diene y McDougal, explica que aunque conversaron ampliamente con funcionarios del gobierno dominicano y negaron que en el país exista racismo o cualquier forma de discriminación e intolerancia, lo cierto es que históricamente desde la fundación de la República, los dominicanos han rechazado a los haitianos.
Aprovechan para recordar que el supuesto antihaitianismo es un concepto resultante no solo de la evolución del prejuicio racial contra Haití, sino también de factores políticos, históricos, sociológicos y económicos que caracterizaron la relación existente entre los dos países y que hoy impregna todos los aspectos de la cultura dominicana.
Agrega que en los discursos y declaraciones de carácter político se alude en ocasiones a la “invasión pacífica del país” y ponen de relieve la matanza de 1937, así como las supuestas trabas para acceder al poder de sectores que no identificaron en contra de José Francisco Peña Gómez.
En la página 37 del informe, el párrafo tres define al ex presidente Joaquín Balaguer como “influyente figura intelectual y política que hasta su muerte en 2002 dominó durante decenios en la escena política del país, desempeñó una función considerable en el afianzameinto de los prejuicios raciales en la República Dominicana mediante sus escritos, ideas políticas y actos”.
Concluye el informe que el racismo es una realidad imbricada en la sociedad dominicana.
Explican que la Iglesia Católica rechaza las expresiones culturales y religiosas afriacanas durante sus ritos, como la prohibición de tambores y otras formas de ritos, y atribuye el informe a los católicos decir que esas manifestaciones son una amenzada a la moral y los valores cristianos.
Publicado originalmente en el Listin Diario
1 de marzo del 2008
Por Belkis Felix
INTOLERANCIA
Belkis Féliz
INFORME DICE PERSISTE DISCRIMINACIÓN RACIAL Y XENOFOBIA CONTRA HAITIANOS
Según el informe en el país persisten formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia.
SANTO DOMINGO.- La 72 reunión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas conocía ayer las acusaciones contra República Dominicana que levantaron los relatores especiales Doudou Diene, africano, y Gay McDougal, estadounidense, pero todavía en la noche continuaban las discusiones.
El Comité inició sus sesiones el pasado 18 de febrero y concluirá el próximo 7 de marzo.
Representan al país en las sesiones el diputado Pelegrín Castillo Semán, de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), y los miembros de la Junta Central Electoral (JCE), Leyda Margarita Piña y Jhon Guiliany Valenzuela.
La acusación se basa en un informe que fue preparado por los relatores especiales Doudou Diene, africano, y Gay McDougal, estadounidense. Ambos visitaron la República Dominicana, invitados por el gobierno dominicano, entre los días 23 al 29 de octubre de 2007 y entrevistaron a haitianos en los bateyes, la region fronteriza, autoridades en Santo Domingo, Santiago y San Pedro de Macorís.
De acuerdo con el informe, en República Dominicana persisten formas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancia, practicadas principalmente por el gobierno, la Iglesia Católica, la JCE, los partidos políticos y la judicatura, en contra de los haitianos ilegales, dominicanos negros y los dominicanos de ascendencia haitiana.
El informe
Las acusaciones alcanzan a las secretarías de Educación, Salud y Trabajo, los medios de comunicación, la Dirección de Migración y el Consejo Nacional para la Ninez (CONANI).
Agrega el informe que a los haitianos se les niegan empleos dignos, la nacionalidad, y no pueden acceder a documentos de identidad y electoral, tampoco pueden estudiar y son perseguidos por el color de su piel.
Afirma el informe que República Dominicana al propiciar esas prácticas incumple tratados internacionales de los cuales es signatario como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convencion Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación Racial.
El informe titulado “Promoción y Protección de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales”, elaborado por Diene y McDougal, explica que aunque conversaron ampliamente con funcionarios del gobierno dominicano y negaron que en el país exista racismo o cualquier forma de discriminación e intolerancia, lo cierto es que históricamente desde la fundación de la República, los dominicanos han rechazado a los haitianos.
Aprovechan para recordar que el supuesto antihaitianismo es un concepto resultante no solo de la evolución del prejuicio racial contra Haití, sino también de factores políticos, históricos, sociológicos y económicos que caracterizaron la relación existente entre los dos países y que hoy impregna todos los aspectos de la cultura dominicana.
Agrega que en los discursos y declaraciones de carácter político se alude en ocasiones a la “invasión pacífica del país” y ponen de relieve la matanza de 1937, así como las supuestas trabas para acceder al poder de sectores que no identificaron en contra de José Francisco Peña Gómez.
En la página 37 del informe, el párrafo tres define al ex presidente Joaquín Balaguer como “influyente figura intelectual y política que hasta su muerte en 2002 dominó durante decenios en la escena política del país, desempeñó una función considerable en el afianzameinto de los prejuicios raciales en la República Dominicana mediante sus escritos, ideas políticas y actos”.
Concluye el informe que el racismo es una realidad imbricada en la sociedad dominicana.
Explican que la Iglesia Católica rechaza las expresiones culturales y religiosas afriacanas durante sus ritos, como la prohibición de tambores y otras formas de ritos, y atribuye el informe a los católicos decir que esas manifestaciones son una amenzada a la moral y los valores cristianos.
Publicado originalmente en el Listin Diario
1 de marzo del 2008
Por Belkis Felix
viernes, 29 de febrero de 2008
Los Migrantes Haitianos ven negados sus Derechos
DOMINICAN REPUBLIC
Haitian migrants denied their rights
“If you are black, with identity card or without it, with birth certificate or without, it is the same, it has no value…. In the streets, with migration officials, you don’t have any rights.”
T. G., a Dominican of Haitian descent
An eight-year-old girl was seized by officials in the streets of the Dominican capital Santo Domingo in the evening of 4 January 2006. She was slapped across the face twice, hard enough to make her mouth bleed. Then she was taken to a detention centre for irregular migrants, without being allowed to contact her parents, and held overnight. She was only saved from being expelled to neighbouring Haiti when a local human rights organization proved she was a Dominican national – because she was black, officials had assumed she was Haitian and in the country without legal permission.
At least half a million Haitians live in the Dominican Republic where they work principally in agriculture and construction. Fleeing the poverty of their homeland, they undertake poorly paid and arduous jobs that most Dominicans are unwilling to do. They face the constant risk of expulsion and systematic discrimination because of their race, skin colour, language and nationality.
Some 20,000 – 30,000 Haitians are expelled every year. Many of these expulsions breach international human rights law. Haitians and Dominico-Haitians are often rounded up and expelled with no chance to appeal, purely on the basis of their skin colour. Many have valid work permits and visas and some are in fact Dominicans, with no family ties in Haiti.
As well as the risk of expulsion, Dominican children of Haitian descent face barriers when they try to obtain a birth certificate from the Civil Registrar Office. Without a birth certificate (the identification document for minors), they are unable to study beyond primary level. They are also unable to claim an identity card when they become 18, barring them from the formal job market and from voting. Parents without documents cannot register their children, leaving many thousands effectively stateless, and perpetuating the cycle of deprivation of rights.
(For further information, see Dominican Republic: A life in transit – The plight of Haitian migrants and Dominicans of Haitian descent, AI Index: AMR 27/001/2007, available at http://web.amnesty.org/library)
TAKE ACTION NOW:
Please write to the Dominican authorities calling on them to:
- stop collective expulsions and ensure that the human rights of all migrant workers are respected in any deportation process;
- put an end to discriminatory policies which prevent Dominicans of Haitian descent from obtaining Dominican nationality.
-implement migration policies that protect human rights, including ratifying and implementing the Migrant Workers Convention
PLEASE SEND APPEALS TO:
S.E. Leonel Fernández,
Presidente de la República,
Palacio Nacional,
Santo Domingo,
Dominican Republic,
fax: 00 1 809 682 0827
[Picture]
Haitian migrant workers arrive for the harvest at a sugar cane plantation in San Pedro de Macorís Province
© Private
LIVING IN THE SHADOWS
FOCUS ON THE HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS
Every year, thousands of people die while trying to reach other countries – escaping whatever conditions have compelled them to flee their homelands. Many of those who survive the journey to a new country face further abuse and exploitation at the hands of traffickers, unscrupulous employers and state officials. Those who lack official status and the protection of the law – irregular migrants – are often denied the right to education, health and housing and are condemned to live and work in appalling and degrading conditions.
Migrants’ rights are human rights, and governments, communities, employers and individuals should do more to uphold and protect them. To this end, Amnesty International has published a public advocacy / campaigning book on the human rights of migrants. Living in the Shadows: A primer on the human rights of migrantssets out Amnesty International’s proposed agenda for campaigning for migrants’ rights.
At the heart of Amnesty International’s campaigning agenda is a call to treat all migrants, regardless of their status, with full respect for their human rights and human dignity.
Amnesty International calls on campaigners, advocates and other activists to concentrate on eight key priority areas when promoting migrants’ rights:
1.
focus on those migrants most at risk –irregular migrants, migrant women and migrant children
2.
call for ratification and implementation of core human rights and labour rights treaties, in particular the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (the Migrant Workers’ Convention)
3.
demand greater accountability of state and non-state actors at international, regional and national levels
4.
call for migration policies that protect human rights
5.
call for more research and better data
6.
place migrants and their communities at the centre of debates on migration; recognize and ensure their role in formulating and implementing strategies to protect their rights
7.
protect human rights defenders working to protect and promote the human rights of migrants
8.
increase public awareness of migrants’ rights and their positive contributions to society
[Image:cover of Living in the Shadows report]
More information on the human rights situation in the Dominican Republic can be obtained at www.amnesty.org.
For more information on the human rights of migrants visit www.amnesty.org/refugees
Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdon
Haitian migrants denied their rights
“If you are black, with identity card or without it, with birth certificate or without, it is the same, it has no value…. In the streets, with migration officials, you don’t have any rights.”
T. G., a Dominican of Haitian descent
An eight-year-old girl was seized by officials in the streets of the Dominican capital Santo Domingo in the evening of 4 January 2006. She was slapped across the face twice, hard enough to make her mouth bleed. Then she was taken to a detention centre for irregular migrants, without being allowed to contact her parents, and held overnight. She was only saved from being expelled to neighbouring Haiti when a local human rights organization proved she was a Dominican national – because she was black, officials had assumed she was Haitian and in the country without legal permission.
At least half a million Haitians live in the Dominican Republic where they work principally in agriculture and construction. Fleeing the poverty of their homeland, they undertake poorly paid and arduous jobs that most Dominicans are unwilling to do. They face the constant risk of expulsion and systematic discrimination because of their race, skin colour, language and nationality.
Some 20,000 – 30,000 Haitians are expelled every year. Many of these expulsions breach international human rights law. Haitians and Dominico-Haitians are often rounded up and expelled with no chance to appeal, purely on the basis of their skin colour. Many have valid work permits and visas and some are in fact Dominicans, with no family ties in Haiti.
As well as the risk of expulsion, Dominican children of Haitian descent face barriers when they try to obtain a birth certificate from the Civil Registrar Office. Without a birth certificate (the identification document for minors), they are unable to study beyond primary level. They are also unable to claim an identity card when they become 18, barring them from the formal job market and from voting. Parents without documents cannot register their children, leaving many thousands effectively stateless, and perpetuating the cycle of deprivation of rights.
(For further information, see Dominican Republic: A life in transit – The plight of Haitian migrants and Dominicans of Haitian descent, AI Index: AMR 27/001/2007, available at http://web.amnesty.org/library)
TAKE ACTION NOW:
Please write to the Dominican authorities calling on them to:
- stop collective expulsions and ensure that the human rights of all migrant workers are respected in any deportation process;
- put an end to discriminatory policies which prevent Dominicans of Haitian descent from obtaining Dominican nationality.
-implement migration policies that protect human rights, including ratifying and implementing the Migrant Workers Convention
PLEASE SEND APPEALS TO:
S.E. Leonel Fernández,
Presidente de la República,
Palacio Nacional,
Santo Domingo,
Dominican Republic,
fax: 00 1 809 682 0827
[Picture]
Haitian migrant workers arrive for the harvest at a sugar cane plantation in San Pedro de Macorís Province
© Private
LIVING IN THE SHADOWS
FOCUS ON THE HUMAN RIGHTS OF MIGRANTS
Every year, thousands of people die while trying to reach other countries – escaping whatever conditions have compelled them to flee their homelands. Many of those who survive the journey to a new country face further abuse and exploitation at the hands of traffickers, unscrupulous employers and state officials. Those who lack official status and the protection of the law – irregular migrants – are often denied the right to education, health and housing and are condemned to live and work in appalling and degrading conditions.
Migrants’ rights are human rights, and governments, communities, employers and individuals should do more to uphold and protect them. To this end, Amnesty International has published a public advocacy / campaigning book on the human rights of migrants. Living in the Shadows: A primer on the human rights of migrantssets out Amnesty International’s proposed agenda for campaigning for migrants’ rights.
At the heart of Amnesty International’s campaigning agenda is a call to treat all migrants, regardless of their status, with full respect for their human rights and human dignity.
Amnesty International calls on campaigners, advocates and other activists to concentrate on eight key priority areas when promoting migrants’ rights:
1.
focus on those migrants most at risk –irregular migrants, migrant women and migrant children
2.
call for ratification and implementation of core human rights and labour rights treaties, in particular the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families (the Migrant Workers’ Convention)
3.
demand greater accountability of state and non-state actors at international, regional and national levels
4.
call for migration policies that protect human rights
5.
call for more research and better data
6.
place migrants and their communities at the centre of debates on migration; recognize and ensure their role in formulating and implementing strategies to protect their rights
7.
protect human rights defenders working to protect and promote the human rights of migrants
8.
increase public awareness of migrants’ rights and their positive contributions to society
[Image:cover of Living in the Shadows report]
More information on the human rights situation in the Dominican Republic can be obtained at www.amnesty.org.
For more information on the human rights of migrants visit www.amnesty.org/refugees
Amnesty International, International Secretariat, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, United Kingdon
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